1 1 R eflexiones cedapp Preámbulo La creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Junio del 2001 significó para muchos peruanos la concreción de un anhelo sostenido durante varios años. “La Comisión de la Verdad nace porque el pueblo ha reclamado”, decía un poblador afectado por el conflicto interno. Con ella, vienen grandes desafíos, a los que tendrá que responder, así como numerosas demandas de los sectores afectados por violencia política, algunas de las cuales incluso hasta desbordan su mandato. Su tarea es inmensa e importante. Pero ésta no es obviamente sólo tarea de los comisionados y sus equipos, sino de todos y todas los/as que queremos que los hechos de violencia que vivimos durante el conflicto armado interno, y que afectaron principalmente a amplios sectores pobres de nuestro país, no se repitan. Esto nos compromete a hacer de éste un proceso reparador en sí mismo, es decir, que contribuya a abrir caminos para el establecimiento de relaciones humanas saludables y democráticas y de condiciones que permitan alcanzar la tan ansiada justicia y reconciliación. Y este proceso implica –entre otras cosas- el tránsito de una situación de silencio y negación de la realidad a otra de verbalización, reconocimiento y comprensión de lo ocurrido, lo que a fin de cuentas contribuirá a procesar lo vivido. De lo que se trata es –como decía hace poco un poblador de una zona afectada- “remover la herida para curarla, no para dejarla revuelta”. Esto obliga a ser conscientes de los desencadenantes psicológicos de este proceso, sobre todo en las personas afectadas, y -por lo mismo- a ser cuidadosos con ello. centro de desarrollo y asesoría psicosocial Nº 2 – Año 2002 DEL SILENCIO A LA PALABRA, DE LO OCULTO A LA VERDAD Desafíos en la tarea de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Negación de la Verdad e Impunidad El Estado, y buena parte de la sociedad peruana, estuvieron al margen (y más que eso, de espaldas) al problema de los afectados incluso durante el periodo de mayor violencia política y emergencia, y continuó (a pesar de algunas respuestas dadas) durante la etapa de post-conflicto. Aún cuando se crearon programas (como el PAR) y se dieron algunas leyes para apoyar a los afectados, estos programas y leyes no sólo no cubrieron todos o los más importantes aspectos del problema, sino tampoco llegaron a los diversos sectores de población afectados: el PAR no atendió debidamente al gran porcentaje de población desplazada que se quedó en sus lugares de refugio (insertados), atendiendo muy limitadamente a los que retornaron a sus comunidades de origen. De otro lado, algunas leyes (de huérfanos y otras) dadas durante el gobierno de Fujimori hacen sólo referencia a las “víctimas del terrorismo”, lo que se tradujo en la práctica en apoyo sólo para quienes fueron afectados por los grupos terroristas, no siendo beneficiados por igual aquellos que fueron víctimas del accionar de las fuerzas militares, quedando estos últimos excluídos de estas leyes y programas. La reiterada mención por parte del gobierno de Fujimori a la “violencia terrorista”, en vez de referirse a la “violencia política”, significaba una negación de la realidad que intentaba excluir de responsabilidad a los militares y al Estado en general respecto a las muchas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la lucha antisubversiva y por tanto, desconocía también a quienes habían sido afectados por ella. En opinión de Ernesto de la Jara, esta “versión oficial” impidió que un país que salía de una guerra interna de más de 12 años procesara lo ocurrido, desde qué pasó y por qué, hasta los problemas que se habían originado en esos años (De la Jara, 2001). Los Corales 375, Balconcillo- Lima13 Telfs: 470-9080 - Fax(51-1) 471-7158 E-mail: [email protected] http://www.cedapp.org.pe

2 2 Para los familiares de los miles de detenidos- desaparecidos en nuestro país, al igual que en otros países en donde se aplicó esta grave forma de violación a los derechos humanos, esto ha sido particularmente traumático. La no ubicación del cuerpo del desaparecido, ni la identificación del responsable del delito, negaban en la práctica el secuestro y posterior asesinato de esa persona, apareciendo como hechos que jamás ocurrieron. Esto ha sido particularmente duro para los familiares, quienes muchas veces presenciaron el secuestro o contaban con suficientes indicios de ello, lo que entraba en total contradicción frente a la versión oficial que negaba lo que para ellos era una realidad evidente. La negación constante de la realidad, en este caso del delito cometido, operó así en contra de la posibilidad de elaboración del duelo, proceso que se efectúa a partir del reconocimiento del principio de realidad y cuyo objetivo –como señala Daniel Kersner- es metabolizar el sufrimiento psíquico producido por una pérdida significativa, de manera tal que la persona pueda inscribir como recuerdo al objeto perdido y recuperar así el interés por el mundo externo (Kersner y otros, 1997). Otro aspecto -además de la negación de la verdad- que no contribuyó a la elaboración del duelo y en general del proceso vivido, y que por el contrario a lo acentuó, ha sido la impunidad. Jorge Santiestevan de Noriega, ex Defensor del Pueblo, al referirse a las formas adoptadas para resolver el problema de la guerra interna, menciona una suerte de condescendencia nuestra, generada por el miedo, con respecto a la adopción de medidas excepcionales aplicadas por parte del Estado para combatir la violencia, las que muchas veces significaron un socavamiento y erosión de los principios del Estado de Derecho. Pero, a su vez, él mismo señala que “no sólo hubo complacencia, sino que en algún momento se aprobó formalmente una Ley de Amnistía que pretendía que las violaciones de derechos humanos quedasen totalmente en el olvido” (Santiestevan, 2001). La realidad ha demostrado que la impunidad actúa como un elemento que acentúa -con graves consecuencias- la negación de la realidad, impidiendo la elaboración de hechos dolorosos, tanto a nivel social amplio como a nivel de los propios afectados, pues “al no haber culpables sancionados se induce a tachar de la historia la existencia de víctimas” (Kersner y otros, 1997). De otro lado, diversas experiencias de trabajo con familiares de asesinados, desaparecidos y otros, han evidenciado la agudización de síntomas de transtornos de ansiedad y otros en estas personas, tales como sentimientos de impotencia, culpa, hostilidad, repetición del hecho traumático, conductas evitativas, transtornos del sueño, efectos psicosomáticos, etc. en circunstancias en que se dieron medidas a favor de la impunidad, como leyes de amnistía y similares. Todo esto nos hace ver que -como nos dice la Dra. Matilde Ureta de Caplansky- “el desafío no está solamente en demostrar “la verdad”, sino en impedir la impunidad y exigir transparencia en el manejo del poder” (Ureta de Caplansky, 2001). El compromiso, pues, de la CVR es con la verdad pero también con la justicia. Ciertamente ella, no será la encargada de abrir procesos contra los presuntos responsables de los delitos cometidos y sancionarlos, responsabilidad que compete a la Fiscalía y el Poder Judicial, pero su acercamiento a la verdad de lo ocurrido en nuestro país, le permitirá identificar a los presuntos responsables de tales hechos y alcanzar la información recopilada y los resultados de su investigación a la Defensoría del Pueblo y otros órganos competentes encargados de administrar justicia. En todo este camino, la CVR tendrá también que lidiar con el peso de la falta de credibilidad de la población en las instancias del Estado o creadas por éste. Más de 10 años de violencia política y otros tantos de un régimen político autoritario y corrupto no son el mejor preámbulo para su tarea. Sin embargo, tendrá que hacerse esfuerzos para mantener abiertos los aún débiles espacios democráticos que hay, que posibiliten condiciones favorables para su labor. Del Silencio a la Palabra En el proceso por acercarnos a la verdad y reconciliación, la voz de los propios afectados es central. Importan mucho sus testimonios como también sus opiniones y propuestas. Pero durante muchos años la voz de estas personas fue duramente silenciada. En efecto; “en el contexto del conflicto interno, la población afectada se vió obligada a callar. El precio de hablar muchas veces fue la muerte: sendero mataba a los “soplones” (los que “hablan” mal del partido); otras veces, testigos de masacres efectuadas por las fuerzas del orden fueron asesinados por “hablar” y denunciar tales hechos.” (Ballón, 1992). Los Corales 375, Balconcillo- Lima13 Telfs: 470-9080 - Fax(51-1) 471-7158 E-mail: [email protected] http://www.cedapp.org.pe Reflexiones cedapp centro de desarrollo y asesoría psicosocial No 2 - 2002

3 3 Es así que, como consecuencia del miedo y el terror instalados por la violencia política en las poblaciones afectadas, vino el silencio; silencio que se convirtió en tales circunstancias en una eficaz herramienta para preservar la vida misma. De igual modo, el no reconocimiento de determinadas víctimas (básicamente las afectadas por las fuerzas militares) empujaba también a éstas a la morada del silencio y de la no existencia como tales. En la etapa de post-conflicto, además, se fueron cerrando poco a poco los pocos espacios de escucha y atención a estas personas, bajo la supuesto oficial de que “muerto el perro, muerta la rabia”, es decir, se propagandizó la idea de que superada la violencia política y luego de varios años de tiempo transcurrido, los problemas fundamentales de la población afectada habían sido igualmente superados. Nada más alejado de la realidad. Muchas de estas personas, víctimas de la violencia política, no lograron una efectiva inclusión ni siquiera en sus ámbitos más cercanos (por miedo, por su anonimato y su estigmatización, etc.). Muchos tampoco pudieron, en medio de la crisis económica, lograr mejoras importantes en sus condiciones de vida (superar la emergencia no significó superar la extrema pobreza). La situación de desventaja en que la violencia y el desplazamiento los colocó, limitó mucho que alcancen estos logros. En todo esto, el aspecto psicológico fue muy descuidado, dificultando a su vez la resolución de otros problemas básicos. En nuestra experiencia hemos observado cómo la violencia afectó las redes de soporte emocional de la población infantil, y deterioró el rol protector de los y las adultos/as respecto a los niños/as. Igualmente, hemos observado el fenómeno de la transmisión transgeneracional del trauma, por la cual, hijos de adultos/as que vivieron experiencias violentas y traumáticas, crecieron –sin necesariamente haber pasado ellos mismos por la experiencia de sus padres- en medio del temor. Al respecto, en una ocasión una madre de familia nos contó que, a pesar de haber transcurrido muchos años desde que salieron de su pueblo a causa de la violencia, su hijo no quería que ella viajara a su tierra por temor a lo que le podía pasar. Es innegable, pues, que los efectos de la violencia aún persisten y que no podemos dar por “cerrado” el tema ni resuelto el problema. Pero, lamentablemente, en los últimos años cada vez menos gente se interesó por el destino de los afectados, quienes en un contexto que no les tomaba en cuenta fueron poco a poco encontrando menos posibilidades de ser escuchados y atendidos en sus demandas. Súmese a esto su condición de pobreza y marginalidad que los colocó desde el inicio en una situación de gran vulnerabilidad. Y es esta vulnerabilidad la que- en opinión de Ernesto de la Jara- sin duda explica que las víctimas o sus familiares no hayan podido generar un movimiento de lucha por la verdad y por la justicia proporcional a la magnitud del drama que han vivido, como ha ocurrido en otros países en que los familiares de las víctimas sí han logrado constituir movimientos de tal naturaleza, debido a que las víctimas y familiares eran de sectores menos vulnerables, indefensos y marginales (De la Jara, 2001). Esto no quiere decir, -como él también lo señala- que las personas afectadas en nuestro país no hayan alzado su voz, incluso en los años de mayor violencia, para reclamar justicia. Pero es cierto que esa voz intentó ser -de muchos modos- silenciada y que viniendo de sectores sumamente empobrecidos y marginados de nuestra sociedad, no se le brindó a esta población mayores espacios para decir su palabra. “Decir su palabra –decíamos hace ya algún tiempo- también significa hacer sentir su voz en medio de esta sociedad que no les tomó en cuenta” (Ballón, 1993). Pero el valor de la palabra tiene también implicancias psicológicas importantes. Entendiéndola como un elemento de relación- transformación-dinámica, la palabra tiene un efecto importante en el proceso de elaboración de lo vivido. Al referirse a esto, los profesionales, colectivos e instituciones que han abordado el trabajo de salud mental con personas afectadas por la violencia política (reunidos un taller para elaborar propuestas para el trabajo de la CVR en setiembre del 2001 a iniciativa del Centro de Atención Psicosocial de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos) señalaban que “no se trata sólo del alivio que produce la descarga afectiva de poder expresar vivencias que estuvieron confinadas al silencio durante años, sino que es posible entender y utilizar la palabra como instrumento de elaboración y transformación dinámica... La escucha saca a la víctima de su aislamiento... La escucha adecuada de los testimonios produce un efecto saludable no sólo en las víctimas, sino que tiene también un efecto preventivo en la sociedad, restaurando la confianza.” Los Corales 375, Balconcillo- Lima13 Telfs: 470-9080 - Fax(51-1) 471-7158 E-mail: [email protected] http://www.cedapp.org.pe Reflexiones cedapp centro de desarrollo y asesoría psicosocial No 2 - 2002

4 4 El reto de ahora, de construir relaciones humanas saludables y democráticas, que no excluyan sino que incluyan, implica por ello crear también condiciones donde cada uno/a (sea adulto, joven o niño/a) tenga derecho a decir su palabra, a dar su opinión y a participar efectivamente en todo lo que atañe a su vida y desarrollo. En este sentido, es imprescindible “escuchar” no sólo el relato de los hechos dolorosos vividos por las personas afectadas, sino también sus demandas y propuestas, de manera tal que puedan traducirse en políticas a ser asumidas por el Estado y la sociedad que durante largos años no les dió el debido reconocimiento y atención. Solo así, poniéndonos “en sintonía con su dolor y sus esperanzas”, podremos dar pasos para ir saldando la deuda interna que tenemos con ellos y asegurar condiciones para que hechos como estos no se vuelvan a repetir en nuestro país. Elsa Ballón Febrero 2002 Los Corales 375, Balconcillo- Lima13 Telfs: 470-9080 - Fax(51-1) 471-7158 E-mail: [email protected] http://www.cedapp.org.pe Reflexiones cedapp centro de desarrollo y asesoría psicosocial No 2 - 2002 BIBLIOGRAFIA:.BALLON, Elsa: “Espiritualidad en el Exilio: Reflexiones a partir de la Experiencia de Trabajo Pastoral con Desplazados”. CEAS, Agosto de 1992..DE LA JARA, Ernesto: “Sendero Luminoso made in Perú”. En: “Violencia Política en el Perú: Pistas para la Introspección y el Análisis desde Diferentes Perspectivas”. Instituto de Defensa Legal (IDL) y Conferencia Internacional “Al Fin de la Batalla”, Separata de la Revista Ideéle Nº 143, Diciembre del 2001..KERSNER Daniel, Diana Kordon, Lucila Edelman y Darío Lagos - EATIP, Argentina: “Terrorismo de Estado e Impunidad: Efectos Psicológicos”. En : “Mantengamos viva la Esperanza”, 1er. Seminario “Reparación Psicosocial, Dignidad y Justicia”. Guatemala, Febrero de 1997..Participantes en el Taller sobre Propuestas para el Trabajo de la Comisión de la Verdad (promovido por el Centro de Atención Psicosocial de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos): “Enfoque Psicosocial y Salud Mental: Propuestas para la Comisión de la Verdad y Reconciliación”. Lima, Setiembre 2001..SANTIESTEVAN DE NORIEGA, Jorge: “Entre Tarata y el 11 de Setiembre”. En: “Violencia Política en el Perú: Pistas para la Introspección y el Análisis desde Diferentes Perspectivas”. Instituto de Defensa Legal (IDL) y Conferencia Internacional “Al Fin de la Batalla”, Separata de la Revista Ideéle Nº 143, Diciembre del 2001..URETA DE CAPLANSKY, Matilde: “Entre la Espada y la Pared”. En: “Violencia Política en el Perú: Pistas para la Introspección y el Análisis desde Diferentes Perspectivas”. Instituto de Defensa Legal (IDL) y Conferencia Internacional “Al Fin de la Batalla”, Separata de la Revista Ideéle Nº 143, Diciembre del 2001.