1 BUSCANDO LA INSTITUCIONALIDAD DE LOS DERECHOS Comprendiendo lo público, campo desde el cual se aseguran condiciones institucionales que garantizan derechos, vamos tras la búsqueda de la institucionalización de los derechos en el seno de las políticas del gobierno.

2 QUÉ ES UNA INSTITUCIÓN? Las instituciones conforman el marco de reglas que fija las constricciones o estímulos al comportamiento de los distintos agentes y a sus relaciones. El argumento, al respecto, es que la adopción de un enfoque de derechos en el diseño de una política pública exige de la presencia de ciertos atributos sobre las instituciones que se encargarán de su implantación.

3 Las identidades institucionalizadas crean individuos como ciudadanos y funcionarios, por ejemplo, y los individuos son moldeados como actores significativos por las reglas (March y Olsen, 1997). El concepto de institución como estructura normativa y reguladora, supone automáticamente asumir la existencia de diferencias de poder e intereses entre la gente involucrada en ella.

4 La construcción de la nueva ciudadanía que subyace en las políticas con enfoque de derechos, conlleva tanto cambios en el financiamiento como diseños especiales en las instituciones y en la gestión de los entes que formulan y que ejecutan las políticas.

5 Las reglas que definen las relaciones de responsabilidad entre los formuladores de las políticas, los prestadores de los servicios y la ciudadanía constituyen las instituciones básicas que condicionan la eficacia de la implantación de una política pública.

6 La cuestión clave es que una política con enfoque de derechos no puede ser implementada por unas instituciones que contradicen su sustrato normativo basado en la búsqueda de la equidad, la cooperación, la participación y la construcción de ciudadanía. Por tanto, un asunto insoslayable es el diseño de una institucionalidad pública y de gestión que cree incentivos para ellos.

7 La premisa acá adoptada es que un proceso de cambio de las instituciones y de los modos de gestión para implementar una política con enfoque de derechos tiene que asumir explícitamente su marco normativo. El cambio requiere, pues, hacer posible a lo menos la exigibilidad del derecho concernido, su abordaje integral y la participación social, de manera de crear a su vez una mayor probabilidad de impactar sobre la equidad en el disfrute del derecho.

8 Reflexionemos Qué formas de institucionalidad se aplican a las políticas basadas en derechos? Son meritorias las convencionales formas de institucionalidad, o se necesita algo más? Cómo las instituciones públicas vacían o distorsionan el alcance de los principios de Universalidad (focalización), No discriminación e igualdad (sesgo de género), y Exigibilidad (no contraloría social)?

9 NORMAS… que rigen lo público … determinan … CONDUCTAS de funcionarios, rutinas y funciones.

10 FORMULADORES DE POLÍTICAS SERVICIOS CIUDADANOS Establecen relaciones que determinan las reglas que las rigen

11 INSTITUCIONES DE POLÍTICAS BASADAS EN DERECHOS PRINCIPIOS/NORMAS INSTITUCIONES PÚBLICAS (Características) EXIGIBILIDAD RENDICIÓN DE CUENTAS (Accountability) INTEGRALIDADGOBERNANZA SISTÉMICA PARTICIPACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS Y MECANISMOS Según Nuria Cunill 2010

12 I. ACCOUNTABILITY (RESPONSABILIZACIÓN) Un primer asunto alude a la instauración de los recursos a través de los que la ciudadanía hace “exigible sus derechos”.

13 a) Mecanismos de Responsabilización Hay a lo menos cuatro categorías de mecanismos de accountability: Mecanismos judiciales, tales como la revisión judicial de los actos del ejecutivo y de sus omisiones. Mecanismos cuasi-judiciales, como instituciones de defensa de los ciudadanos (ombudsman) y tratados internacionales de derechos humanos. Mecanismos políticos, como el proceso parlamentario. Mecanismos administrativos, tales como la preparación, publicación y escrutinio del impacto de las imposiciones de derechos (United Nations, 2002)

14 La posibilidad de dirigir un reclamo ante una autoridad independiente del obligado es una de las condiciones que están implicadas en la activación de cualquiera de los mecanismos de accountability. Habitualmente la autoridad suele ser un juez para que haga cumplir la obligación o imponga reparaciones o sanciones por el incumplimiento. Este rasgo, según Abramovich y Pautassi (2006), se denomina “justiciabilidad o exigibilidad judicial”. b) Autoridades independientes

15 Pero la accountability no se resuelve sólo con la autoridades independientes y recursos que la ciudadanía pueda activar ante ellas. La propia institucionalidad prestadora de los servicios requiere cambios para que su responsabilización ante la ciudadanía pueda hacerse efectiva. Destacan, en este sentido, la definición de procedimientos y reglas administrativos que acoten la discrecionalidad de los prestadores de los servicios públicos, al menos en relación con dos asuntos que en la práctica pueden implicar una lesión a un derecho no obstante esté instituido: la calidad y la oportunidad de las prestaciones. c) Procedimientos y reglas en prestación de servicios

16 d) Información sobre derechos El más importante recurso en este sentido es la información sobre los derechos, la que hace posible que la ciudadanía ejerza su derecho a fiscalizar el cumplimiento de sus derechos e, incluso, que pueda hacerlos exigibles.

17 e) Rendición pública de cuentas La obligación periódica de cuentas públicas, así como la información sobre gastos, productos y efectos de las acciones de los prestadores, son algunos de los mecanismos de rendición de cuentas. Cuando la rendición de cuentas es consagrada como un deber de la institucionalidad prestadora, ciertamente se torna más probable el respectivo derecho ciudadano a la exigencia de cuentas.

18 f) Contraloría social El espacio público se alimenta básicamente de la función de regulación que la sociedad ejerce sobre el Estado y su aparato administrativo. Por eso, el control y evaluación ciudadano directo (“la contraloría social”) es el mecanismo clave para asegurar la responsabilización de aquéllos y, a la vez, para “exigirles cuentas”.

19 Cunill (2009) ha distinguido dos tipos de recursos de poder. De una parte, están los “poderes indirectos”, que remiten al derecho de reclamar derechos ante una autoridad específica, y que aluden básicamente al poder de denuncia y, en general, a las denominadas “acciones ciudadanas de interés público”, tales como el derecho de petición, la acción de amparo, la acción de cumplimiento, etc

20 Pero además hay “poderes directos”, que no requieren de intermediarios estatales para su ejercicio, pero exige el reconocimiento estatal para su ejercicio, como lo son, por ejemplo, los poderes de asignación, de certificación y de veto.

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22 II. GOBERNANZA SISTÉMICA La literatura acerca de la gobernanza (Kooiman, 1993; Aguilar, 2006; Mayntz, 2001; Wamsley, 1996) llama la atención sobre el hecho de que la era de la información y de la globalización exige un nuevo estilo de gobierno que tome en cuenta la necesidad de aprendizaje constante y las interdependencias tanto entre los actores públicos como entre éstos y los privados, dadas las altas dosis de complejidad, incertidumbres técnicas y políticas y dispersión de los conocimientos y del poder que caracterizan el contexto actual.

23 Compartir significados y propósitos, incrementar el capital social e intelectual, el desarrollo de redes en las cuales la información y la retroalimentación puedan fluir y, en general, la generación de nuevas relaciones entre actores que originalmente están en conflicto. Así, comienza a reconocerse que la calidad de las interacciones que genera un determinado arreglo institucional es tan importante como el aumento de la eficiencia

24 Los estudios sobre las “redes de políticas” (policy networks) se enmarcan en los enfoques de gobernanza, entendiendo por tales al conjunto de relaciones relativamente estables que, a partir de la percepción de interdependencia, se crea entre actores, públicos y privados, para intercambiar recursos alrededor del proceso de formación de una política pública, más allá de los vínculos establecidos por la institucionalidad formal.

25 Se asume que, al menos, tres dimensiones requieren ser atendidas a fin de lograr que la gobernanza sistémica se constituya en un atributo de la institucionalidad pública. Ellas son las siguientes: – Dimensión instrumental – Dimensión espacial – Dimensión valórica

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27 Gobierno Particulares Programación Presupuestación Evaluación Sist. Información Otros INFLUENCIA MUTUACOMUNICACIÓN RECÍPROCA GESTIÓN INTEGRADA Y DELIBERATIVA

28 III. NUEVO ESPACIO PÚBLICO La literatura referente a la democracia deliberativa (Habermas, 1986, 1990 y 1999; Warren, 1999) y, en especial, los “enfoques neo-públicos” sobre la administración pública se ocupan además del desarrollo de la esfera pública en el interior de aquélla, iluminando acerca de la relevancia de la creación de interfaces entre la sociedad y el Estado (Fung, 2003; Fung y Wright, 2003).

29 Adoptando como fin el de contrabalancear los desequilibrios en la distribución del poder, el foco en todos estos enfoques está en el desarrollo de arreglos institucionales que se traduzcan en participación ciudadana deliberativa y autónoma, particularmente de quienes no tienen voz, sobre las instancias y procesos de formación, control y evaluación de las políticas y decisiones públicas.

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31 Formuladores de políticas Prestadores de servicios CIUDADANOS -Interface para diseño y control de políticas públicas -Interface de información recíproca -Co-producción pública estatal y no estatal -Formación democrática de opinión Ciudadanía empoderada Comunidad cívica Instituciona- lidad respon sable