1 RESEÑA HISTORIA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA Y AFECTACION A LA POBLACION AFRODESCENDIENTE
2 El conflicto político en Colombia se remonta al siglo XIX con las rivalidades entre los partidos liberal y conservador, que representaban de forma muy parcial los intereses de la población. En cuanto al conflicto político actual, empieza en la década de los 60 con la aparición de las guerrillas (principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ), fruto de la exclusión social y política, la distribución desigual de las tierras, y la injusticia social.
3 Origen y evolución: La independencia de Colombia supuso el inicio de un conflicto que se prolongó durante todo el siglo XIX en que habrá turnos entre los partidos conservadores y liberales, pronunciamientos Y guerra civil. La última de estas denominadas guerras civiles se dará entre 1899 y 1902 y se conocerá como la Guerra de los Mil Días. En ésta, los conservadores triunfaron frente a los liberales e inauguraron un período de 30 años que se llamó la "hegemonía conservadora", una dictadura de un partido sobre otro. El partido liberal quedaría excluido del poder hasta cuando, debido a una coyuntura favorable, se hará con el poder y llevará a cabo una serie de reformas: tributaria, fiscal, educación, y sobre todo, la agraria y laboral.
4 Es una etapa, , en la que se da el juego entre partido liberal y conservador ejerciendo éstos últimos una oposición que impediría el desarrollo de las reformas, y que las bloquearía finalmente en 1947. Esa oposición que surge en los años 40 sería una oposición beligerante que defendería, por un lado, la idea de legítima violencia frente a los abusos del poder, y por otro, la práctica del atentado personal. Así se organizarían grupos irregulares, armados, que buscaban paralizar la participación electoral del liberalismo y después, descontar la diferencia de votos matando al opositor.
5 El punto álgido de esta violencia se daría en 1948 con el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán. Su asesinato provocó una explosión de ira popular que se denominó "el Bogotazo" y que da el inicio de la denominada Violencia . Entre los años 1948 y fueron asesinadas unas personas, proliferaron los grupos irregulares armados por parte de los dos bandos y se puso fin de forma definitiva a la reforma agraria que se pretendía realizar desde la década de los años 30. Fue entonces cuando llegó el gobierno de Rojas Pinilla e inicio un arbitraje que se resolvió con un acuerdo entre los dos partidos: el Liberal y el Conservador se alternarían el poder. Este sistema, conocido como alternancia o Frente nacional, se plasmó con un tratado firmado en Sitges (España) en 1953 y, aunque desde un punto de vista constitucional duraría 16 años, esta alternancia política se ha seguido dando en la actualidad
6 De esta forma se da un monopolio del Gobierno y la oposición, pero es una oposición que no existe y que se excluye sistemáticamente desde el principio del Frente Nacional. Así, la oposición dentro del sistema se da, pero no tenemos oposición al sistema en sí, y cuando surge es físicamente liquidada o comprada mediante el sistema clientelista. En los años 60 surgirían varios grupos de oposición que acabarían desapareciendo: Movimiento Revolucionario Liberal, Frente Unido, ANAPO, etc. Y el último intento de esta historia de la oposición fue la Unión Patriótica (UP), un movimiento político de los años 80 que pretendía trasladar el creciente movimiento guerrillero hacia una oposición civil, es decir, abandonar las armas para pasar a ser una oposición legal. Este movimiento sería liquidado físicamente en su totalidad con un saldo de muertos
7 También en los 60 aparecerían varios grupos armados de variado ideario izquierdista: El más antiguo, activo y con mayor número de efectivos serían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de ideología marxista-leninista, con origen en los grupos de campesinos que reclamaban la reforma agraria. Le seguiría el Ejército de Liberación Nacional (ELN), heredero del movimiento estudiantil inspirado en la revolución cubana, las ideas del Che Guevara y la teología de la liberación. Debido al incremento de las guerrillas, han proliferado las organizaciones paramilitares de derecha. Su origen se encuentra en las milicias rurales formadas por los grandes propietarios terratenientes, funcionarios locales en zonas en las que la presencia del Estado es débil, y las vinculadas a las Fuerzas Armadas y al narcotráfico. Todas ellas se encuadran en una estructura nacional a través de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
8 Bajo la presidencia de Belisario Betancur ( ) se establecieron vías de pacificación: Declararía una amnistía general para todos los grupos armados de oposición y ofreció negociar en el marco de un régimen amplio de incorporación política. Como resultado se obtuvo un alto el fuego de las FARC en 1985 que daría origen a la anteriormente citada UP. Sin embargo, debido a la falta de respaldo por parte de los partidos políticos, y tras la eliminación física de miles de guerrilleros desmovilizados, las FARC volvieron a las armas y la iniciativa no avanzó. En 1990, entre los mandatos de Virgilio Barco y César Gaviria, se firmaron acuerdos con el Movimiento 19 de abril (M-19) , el Ejército Popular de Liberación (EPL) y otros grupos rebeldes menores que se incorporaron a la apertura política que se plasmo en la Constitución de En cuanto al resto de los grupos alzados, se optó por la "guerra total" que continuaría Ernesto Samper ( ).
9 Ya con Andrés Pastrana se lanzaría a finales de el Plan Colombia , un ambicioso proyecto integral que debería lograr también erradicar el narcotráfico y fomentar el desarrollo económico y social del país. Éste fue un plan evaluado en unos 7500 millones de dólares y financiado por Colombia (4500 millones $), EUA (1500 millones $) y Europa (200 millones $), además de otros recursos provenientes de instituciones financieras internacionales ( FMI, BM, BID...) y otros países (Japón, Suiza...). Durante los primeros años de su mandato Pastrana se mostró con una gran voluntad de negociación con los grupos guerrilleros, pero tras un largo proceso no demasiado fructífero, considera que esa estrategia había fracasado y finalmente decidiría la ruptura de negociaciones con la guerrilla a principios del 2002.
10 Situación actual: En las elecciones de ese mismo año llegará al poder Álvaro Uribe con su programa de orden y autoridad que atrae a buena parte de un electorado cansado de la violencia y la inseguridad. Es así como el presidente Uribe inicia su mandato con tres objetivos entrelazados: - Campaña por las reformas políticas: combatir la corrupción y hacer más operativa la maquinaria institucional y administrativa. - Proyecto de Seguridad Democrática: buscar la negociación con los grupos insurgentes desde la presión. - Despliegue externo: introducir el conflicto colombiano en la agenda internacional.
11 Ante la dura de Uribe, los grupos insurgentes se prepararon para la polarización del conflicto: las FARC con su demostración de fuerza extendieron el conflicto a varios frentes y acercaron la escalada ofensiva a las ciudades, y el ELN intentando sobrevivir en un contexto de tensión en el que deben confrontar tanto a las FFAA como a las AUC., éstos últimos, apoyándose en complicidades políticas y en el hecho de compartir con las FFAA el objetivo de combatir a los guerrilleros, podrían llegar a algún tipo de acuerdo con el gobierno a cambio de obtener la impunidad por sus acciones del pasado.
12 A día de hoy, y tras 60 años de conflicto, ni el Estado ni los grupos armados han conseguido sus objetivos. Además, la normalización de las prácticas violentas llevaron a la transformación del sistema económico del país y a la militarización de la sociedad con los grupos paramilitares como actores. Pese a todo, en la sociedad civil colombiana, la principal víctima del conflicto armado, surgieron iniciativas esperanzadoras que buscan el final de la violencia y que crean una dinámica que podría ser germen de integración social en la que la convivencia se imponga a la confrontación y a la violencia, lo que ahora llamamos las Conversaciones de Paz en la Habana (Cuba), las cuales se vienen desarrollando con la Farc, esperando que se sume el ELN, con el cual el Gobierno de Juan Manuel Santos tiene adelantadas algunas conversaciones.
13 El conflicto armado colombiano ha generado miles de muertos, lisiados, secuestrados, y afectados por diferentes acciones terroristas una de las peores crisis de desplazamiento forzado en el mundo y desaparecidos, lo que ha conllevado a que Colombia sea clasificado como uno de los países más violentos del mundo y uno de los principales exportadores de drogas ilegales. Desde 1964 se han presentado innumerables combates, asaltos a bases militares, tomas de cabeceras municipales, masacres y atentados terroristas que han dejado miles de muertos, heridos o desaparecidos.
14 Pérdidas y abusos a los derechos humanos.Colombia es el país con mayor cantidad de desplazados en el mundo. Cerca de 4,9 y 5,5 millones de personas han sido desplazadas a causa del conflicto armado, según la más reciente cifra publicada en 2012 por el Centro de Monitorio del Desplazamiento Interno. El informe no incluye a personas desplazadas por el narcotráfico o las bandas criminales. Artículos principales: Derechos humanos en Colombia y Desplazamiento forzado en Colombia.
15 Entre el 1 de enero de 1970 y el primer trimestre de 1981, ocurrieron numerosos asesinatos, torturas, desapariciones y otras violaciones de los Derechos Humanos. "Desde 1970 hasta marzo de 1981 se presentaron asesinatos y casos de torturas provocados principalmente por las Fuerzas Armadas."210 Por su parte, Amnistía Internacional, informo que entre 2006 y 2008, las comunidades que han sido golpeadas con mayor dureza por el conflicto, son miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, víctimas de homicidio o de desplazamiento forzado. En 2007 hubo alrededor de homicidios de civiles, superior a los que se dieron en En los casos en los que se logró identificar a los autores, las fuerzas estatales fueron responsables de al menos 330, los grupos paramilitares de unos 300 y los grupos guerrilleros de alrededor de 260.
16 En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, estás generalmente se centran en la población campesina, líderes comunitarios, indígenas, trabajadores, y personas socialmente marginadas, previamente detenidas de manera arbitraria, señaladas por informantes que buscan obtener recompensas o beneficios judiciales, y asesinadas posteriormente para hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate. Por otra parte, de acuerdo a reportes del Comité para los Refugiados de Naciones Unidas, en el se presentaron hechos de reclutamiento forzado de menores de edad por partes de las fuerzas del estado para recopilar información de inteligencia de los grupos armados ilegales. Según el mismo organismo, las guerrillas de las FARC y el ELN, además de grupos paramilitares no desmovilizados, practicaron el reclutamiento forzado de niños, que se ha extendido a regiones fronterizas con Venezuela y Ecuador
17 También se destaca a Colombia entre los países del mundo con el mayor número de desplazados internos. Hasta mayo de 2011 el Gobierno de Colombia ha registrado a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país. ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que la cifra real de desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80 supera los 5 millones de personas. El desplazamiento ha contribuido a empeorar el conflicto. Con casi refugiados y entre 4,9 y 5,5 millones de desplazados internos en 2012, el país es protagonista del mayor drama humanitario del América latina, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Así mismo, se calcula que en Colombia hay sembradas unas 100 mil minas antipersonal, donde las principales víctimas son los civiles que han contribuido a aumentar las cifras de muertes o lisiados
18 Opinión pública sobre la guerraA lo largo del conflicto armado colombiano se han producido protestas populares contra los hechos violentos causados por los diferentes actores del conflicto armado, y en otros en apoyo a alguno de los actores. Los más importantes han sido el Movimiento de la "Séptima papeleta" que en parte se le atribuyó el impulso para la creación de la Constitución de Colombia de 1991, el del Mandato por la Paz de 1997. A principios del siglo XXI se llevaron a cabo Homenaje a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado, Un millón de voces contra las FARC y el Gran Concierto por la Paz del 20 de julio de 2008
19 Internacionalmente, en países que empiezan a presentar fenómenos crecientes de criminalidad se emplea como sinónimo el término "Colombianización", para expresar unos dinámicas donde hacen convergencia el narcotráfico, la violencia y la corrupción. El término ha sido utilizado por la prensa de países como España,218 Guatemala México, Venezuela, Nicaragua y Ecuador. A Colombia se le ha asociado incluso con Afganistán por la asociación entre mafias terroristas y narcotráfico. La fumigación de cultivos ilícitos con glifosato ha tenido un impacto ambiental negativo en las selvas colombianas, sumado a la deforestación causada por los grupos ilegales. Véase también: Problemas ambientales en Colombia
20 En relación con el impacto ambiental, un periodista británico que investigo sus efectos, revelo que la aspersión de los cultivos de coca había arrasado tanto la vegetación natural como sembrados lícitos (entre estos hectáreas de cultivos alternativos). Aparte de estas perdidas que afectaban la supervivencia humana de la región la ayuda prometida de US$81millones para adelantar la sustitución de cultivos había ido aparar, presumiblemente, a manos de políticos corruptos. Por otro lado contradiciendo las aseveraciones del Plan Colombia según las cuales el glifosato es un herbicida inofensivo, tras cada fumigación aérea el hospital de Puerto Asís atendió numerosos casos de envenenamiento y de problemas respiratorios severos sobre todo de niños que habían entrado en contacto con el químico o habían bebido agua contaminada por este.
21 La definición de «conflicto interno», al referirse a la confrontación de grupos armados ilegales contra el Estado en Colombia, obtuvo trascendencia durante la presidencia de Álvaro Uribe. El 7 de febrero de 2008, el principal asesor del presidente Uribe, José Obdulio Gaviria, calificó a las guerrillas de amenaza terrorista y no un grupo beligerante, que ya no tenía ningún proyecto político, y que si se aceptaba un "conflicto interno" les daría cierto poder a las FARC y eso entorpecería lograr la paz.225 Las FARC perdieron el estatus de 'beligerante' tras el término de los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Según el Derecho Internacional Humanitario (DIH) un grupo beligerante, es aquel "grupo de población de un Estado que se alza en lucha armada contra un orden constitucional legal y vigente establecido". En el Derecho Internacional, para que pueda un Movimiento, Comunidad o Grupo beligerante ser reconocido, es necesario que se les otorgue reconocimiento jurídico internacional por parte de otros sujetos del sistema jurídico internacional, además de reunir las siguientes condiciones:226
22 «Dominio real y efectivo de una parte considerable del territorio del Estado»:226 El gobierno de Colombia aduce que las FARC y ELN dejaron de controlar territorios, después que el gobierno anunciara que la fuerza pública había logrado recuperar el control de todos los municipios del país. «Constitución de un aparato político- militar»: Contrario a la autodefinición de las FARC y el ELN, el gobierno colombiano, como el de han aducido en ocasiones que las guerrillas utilizan la política para escudar otras acciones ilegales de las que se benefician integrantes de los grupos irregulares, como el narcotráfico, tráfico de armas y otros productos, el abigeato, el robo, el secuestro y la extorsión.227
23 «Aplicación irrestricta de las normas del Derecho Internacional Humanitario»:El gobierno colombiano acusa a las FARC de violar constantemente el Derecho Internacional Humanitario, por lo que niega que cumpla con los requerimientos de beligerancia. Las guerrillas como las Farc han acusado al gobierno de ser ilegítimo por hechos de corrupción en los procesos de elección. Organizaciones como Human Rights Watch han instado tanto al gobierno colombiano como a las grupos irregulares a respetar y seguir las normas del DIH. En virtud de la Ley 762 que reemplazó lo proveído en la Ley 418, no es necesario calificar como grupo "político" a un grupo "terrorista" para negociar.
24 En la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) de iniciativa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se reconoce la existencia de un conflicto armado interno. De acuerdo con Santos, el reconocimiento del conflicto no implica un reconocimiento a la beligerancia de los grupos armados ilegales.232 Esta decisión, sin embargo, ha sido criticada por el ex presidente Uribe y sectores afines Los afrocolombianos: La población más vulnerable como consecuencia del desplazamiento forzado
25 En la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró formalmente el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, e indicó que el desplazamiento afecta los derechos de ciertos grupos especialmente protegidos. Señaló el máximo tribunal constitucional que los principios rectores de los desplazamientos internos (que forman parte del bloque de constitucionalidad) protegen a las minorías y grupos que tienen dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma (PR No. 9), tal es el caso del pueblo afrocolombiano.
26 En los diferentes autos de seguimiento a la T- 025, la Corte ha indicado que la política pública de atención a la población internamente desplazada debe partir de un enfoque de derechos y contemplar enfoques diferenciales, como lo es la pertenencia a pueblos afrodescendientes, considerando la afectación específica y particular de sus derechos como víctimas del desplazamiento. En el Auto 005 de 2009, el honorable tribunal señaló que las órdenes emitidas hace cinco años en la citada sentencia no se han traducido “en acciones integrales, concretas y especialmente diferenciadas orientadas a resolver la situación crítica que enfrenta la población afrodescendiente y que, en términos generales, ha limitado el goce y ejercicio efectivo de todos sus derechos individuales y colectivos
27 ”. De allí que la superación del estado de cosas inconstitucional debe demostrar que las políticas públicas relacionadas con cada uno de los derechos constitucionales de los desplazados conducen efectivamente a lograr el goce efectivo de sus derechos, para lo cual deben tener introducidos enfoques diferenciales que consideren, entre otras condiciones, la afrocolombianidad
28 La vulnerabilidad socioeconómica de los afrodescendientes aun antes del desplazamiento es abrumadora. Por ejemplo, en la región Pacífica (Chocó, Nariño y Cauca) donde vive la mayor parte de los afrocolombianos del país se poseen los peores índices de condiciones de vida (ICV) de Colombia: 63% de los hogares no tienen acceso a inodoro con conexión a alcantarillado o bajamar; 30% carecen de abastecimiento de agua de pila pública, carro- tanque, aguatero o acueducto; 60% de hogares no tienen servicio de recolección de basuras; 41% todavía cocinan con carbón, leña o desechos; 46% de los hogares viven en hacinamiento, y se tiene que Quibdó es la capital con el ICV más bajo
29 Lo anterior permite identificar el desplazamiento forzado de los afrocolombianos como una situación que tiene que ver no sólo con la dinámica del conflicto, sino con factores estructurales que tienen ondas raíces en un modelo de desarrollo y de orden social que excluye y margina al pueblo afrodescendiente y lo lleva a vivir en condiciones de crisis socioeconómica y carencia de derechos permanente. Entre los factores estructurales de exclusión, señalados por las organizaciones de población desplazada afrodescendiente tenemos: i) Una sociedad que mantiene imaginarios fascistas; ii) El abandono estatal; y iii) El rezago significativo de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afrocolombianas.
30 La comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, en la II Encuesta Nacional de Verificación, desarrollada entre el 10 de julio y el 10 de agosto de 2008, caracterizó las condiciones de vida y el grado de observancia de los derechos de la población desplazada, entre estos los afrocolombianos desplazados. De los resultados de la encuesta tenemos que el 16,6% de los desplazados se reconocen como afrocolombianos, de estos un 15,3% ha sufrido más de un desplazamiento; en el periodo 2003 – 2008, se presenta un 38,8% de los desplazamientos de aquellos afrocolombianos inscritos en el RUPD
31 (Registro Único de Población Desplazada) y un 54,8% para los que no están inscritos; el principal motivo de desplazamiento de los afrodescendientes son las amenazas directas, seguidas por los asesinatos de familiares, las masacres, los combates, los asesinatos de vecinos o amigos y las amenazas indirectas. Los paramilitares son los principales responsables por el desplazamiento de los afrocolombianos con un 39%, seguidos por las FARC con un 18,9%.
32 Del total de hogares afrodescendientes desplazados, un alto número tiene jefatura femenina (y en éstos un buen porcentaje de las jefes de hogar no tienen cónyuge), su composición es bastante numérica y mayoritariamente de menores de 25 años, lo que los hace más vulnerables que los hogares del conjunto de la población desplazada. También inciden en la vulnerabilidad: un mayor porcentaje de mujeres gestantes, mayores niveles de analfabetismo y más altas tasas de dependencia económica.
33 En cuanto a la alimentación, el 69,3% de los hogares afrocolombianos desplazados no inscritos en el RUPD dejó de consumir al menos una de las tres comidas diarias principales. La tasa de asistencia escolar para los niños, niñas y adolescentes de afrodescendientes desplazados inscritos en el RUPD es del 87,3%, cantidad superior comparada con la establecida para el conjunto de los desplazados RUPD.
34 . En cambio, para los no inscritos la tasa de asistencia es bastante menor: 79,7%. En cuanto a vivienda, sólo un 4,5% de los afrodescendientes inscritos en el RUPD y un 2,9% de los no inscritos cuentan con una vivienda digna, lo que es bastante inferior al conjunto total de los desplazados, destacándose en las viviendas de hogares afrocolombianos el bajo acceso a servicios públicos.
35 La gran mayoría de los afrodescendientes desplazados tanto inscritos como no inscritos laboran como independientes (60,5%). Igualmente se presenta una baja proporción de empleados u obreros de sectores privados u oficiales (18,5%) cifra inferior comparada con el conjunto de hogares RUPD (24%). El porcentaje de mujeres afrocolombianas que trabajan que no tienen afiliación a salud, pensión y enfermedad o accidentes profesionales es del 88,3%. Solamente un 11,4% de los desplazados afrodescendientes ocupan un salario mínimo mensual o más, y un 21,8% menos de un cuarto de salario mínimo.
36 El 96,1% de los hogares afrocolombianos inscritos en el RUPD y un 97,5% de los no registrados se encuentran en situación de pobreza, y en situación de indigencia el 76% de los inscritos en el RUPD y el 78,5% de los hogares no inscritos. La crisis humanitaria y socioeconómica vivida por los afrodescendientes desplazados reafirma la condición de este colectivo como sujetos de especial protección por su mayor grado de vulnerabilidad.
37 El impacto en los derechos fundamentales, así como en los derechos culturales, colectivos, a la tierra y al territorio sufridos por los afrodescendientes hacen un llamado urgente a profundizar en los análisis y en la construcción de los diferentes componentes de las políticas públicas para la atención a la población desplazada con un enfoque diferencial que se debe construir con la participación de las organizaciones afrocolombianas, con el ánimo de superar no sólo la vulnerabilidad y el estado de cosas inconstitucional producto del desplazamiento, sino principalmente la vulnerabilidad y la exclusión producto del modelo de desarrollo y de orden social.
38 MARCO LEGAL; LEY 387 DE JULIO 18 DE 1997. Reglamentada Parcialmente por los Decretos Nacionales 951, 2562 y 2569 de Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.
39 DECRETO 976 DE 1997 (Abril 7) "Por el cual se reglamenta el artículo 70 del Decreto-Ley 919 de 1989". El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en desarrollo del artículo 1º del Decreto-Ley 1547 de 1984, modificado por el artículo 70 del Decreto- Ley 919 de 1989.
40 Sentencia de la Corte Constitucional T-025 de 2004,Corte Constitucional. Auto 005 de 2009. LEY 1448 DE 2011, (junio 10) Diario Oficial No de 10 de junio de 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
41 LEY 418 DE 1997 (Diciembre 26) Diario Oficial No. 43LEY 418 DE 1997 (Diciembre 26) Diario Oficial No , de 26 de diciembre de 1997 Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: TITULO II. ATENCION A LAS VICTIMAS DE HECHOS VIOLENTOS QUE SE SUSCITEN EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO.
42 LEY 975 DE 2005 (julio 25) por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios
43 Ley 1190 DE 2008. (abril 30). Diario Oficial No. 46Ley DE (abril 30). Diario Oficial No de 30 de abril de CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas por la violencia y se dictan otras disposiciones